Hoy por la tarde, fue arrestado en su domicilio el militante de 53 años, hijo de Fermín Albareda, un suboficial de la Policía de Córdoba y militante del ERP en la clandestinidad, quien fue torturado y desaparecido en 1979 durante la última dictadura militar.

El fiscal Juan Pablo Klinger lo acusó del crimen de su madre, ocurrido el jueves 1 de agosto pasado, bajo la calificación de 'homicidio agravado por el vínculo'.

Además, el fiscal concluyó que los carteles con presuntas amenazas que Fernando denunció en diciembre pasado como aparecidos en su casa, fueron escritos por él mismo.

En un comunicado de prensa, el fiscal destacó que, a través de una serie de medidas investigativas, se logró determinar que Fernando Albareda fue el 'autor de dicha muerte'.

'Se ha llegado a la decisión comunicada -continúa- a partir de la incorporación de profusos y contundentes elementos probatorios que permitieron reconstruir de manera forense las circunstancias que nos llevan a sostener que existen motivos bastantes para sospechar' de su participación.

También informó que el Área de Grafocrítica de Policía Judicial determinó que los manuscritos que aparecieron en la pared de la casa de Susana Montoya 'presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda'.

El informe de la autopsia concluyó que en la muerte de Susana Montoya llamó la atención la violencia del ataque sufrido.

La familia está atravesada por la tragedia y el dolor.

Tras la tortura y desaparición del padre Fermín Albareda, confirmada en uno de los juicios de lesa humanidad en Córdoba, Mónica, la hija mayor, falleció en el sur.

Quedaron Fernando y Ricardo.

En la edición del Boletín Oficial del 8 de mayo pasado, el Ministerio de Seguridad publicó la resolución que otorgaba 'el ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior del extinto Subcomisario de la Policía de la Provincia de Córdoba Ricardo Fermín Albareda'.

La decisión administrativa era retroactiva al 7 de marzo de 2024 y autorizaba 'el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.

447.

970.

Ambos habían gestionado el reconocimiento.

La asignación derivada del reconocimiento a 45 años de la desaparición de Fermín Albareda es uno de los aspectos que hoy se ubica como el móvil del asesinato, a pesar de que el dinero nunca había sido depositado en las cuentas de Fernando y Susana.