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En marzo, las monjas recibieron **720.
000 euros** al hipotecar el monasterio de Derio (Vizcaya), que habían abandonado en octubre de 2020.
La supuesta venta del monasterio, paralizada según ellas por el comprador, habría sido el origen de la trama inmobiliaria que desembocó en el cisma y la ruptura con la Iglesia católica.
Según ha podido saber ABC, lejos de existir un comprador, como han sostenido desde el comienzo de la crisis, lo que ocurrió es que las monjas hipotecaron su propio bien con el fin de obtener dinero en efectivo para hacer frente a sus deudas.
Sin embargo, a pesar de esa liquidez económica, las monjas no pagaron ninguna de las cuotas que tenían pendientes.
Según consta en el Registro de la Propiedad, al que ha tenido acceso este diario, el monasterio de Derio fue inscrito por la comunidad de Belorado en diciembre de 2022, a través de una declaración de obra nueva.
Unos meses después, el 22 de marzo de 2023, las monjas acudieron a una entidad bancaria para formalizar una hipoteca, por quince años, sobre el bien y obtener así liquidez económica.
Los **720.
000 euros** que obtuvieron están muy por debajo del valor real del inmueble, puesto que la tasación efectuada, a efectos de una posible subasta si las religiosas incumplen con su pago, se cifró en una cantidad mucho mayor.
Podría pensarse que la operación económica estaba dirigida a sufragar las cuotas pendientes por la compra del monasterio de Orduña (Vizcaya), adonde se trasladaron desde Derio en 2020, y cuyo primer plazo, de **75.
000 euros semestrales**, habían dejado de pagar en noviembre de 2022.
Sin embargo, ni ese ni los posteriores pagos se realizaron, como han reconocido ellas mismas.
Así, a 1 de mayo de 2024, la cantidad adeudada ascendía a **300.
000 euros**.
De hecho, ante los impagos, la comunidad de clarisas de Vitoria, la anterior propietaria original de Orduña, convocó a la de Belorado ante notario el 7 de mayo de este año para rescindir el contrato de compra-venta.
A aquel acto se presentó la entonces abadesa, acompañada de otras monjas, e hicieron entrega de un pliego reclamando **1.
600.
000 euros** en concepto del importe de las obras que habían realizado y un **30% de daños y perjuicios**.
Las religiosas se niegan a atender a la prensa e incluso no permiten comentarios en sus redes sociales.
Desde el arzobispado de Burgos, en representación del comisario pontificio, señalan que todavía están tratando de poner en orden el patrimonio que las monjas tienen a su nombre.
Al parecer, las monjas tienen cuentas en varios bancos, incluso varias en algunos de ellos, y el apoderado de Iceta para esta operación todavía no se ha puesto en contacto con la entidad bancaria con la que las clarisas formalizaron la hipoteca.
Al cierre de esta edición, no se ha podido confirmar si están al corriente de sus pagos o si existen cuotas pendientes.
Todo parece indicar que en los primeros meses de 2023 se encuentran los hechos clave para tratar de entender esta operación inmobiliaria enmascarada como cisma.
Fue también en esos momentos cuando las religiosas se pusieron en contacto con la Pía Unión, según ha confirmado la abadesa en una entrevista televisiva y ha ratificado el propio obispo excomulgado, en una conversación con este diario.
Según explicó Rojas a ABC, las monjas «dicen que empezaron a tener problemas en 2020, pero en ese momento no estaban en contacto con nosotros».
Por contra, reconoce que la relación de la Pía Unión con las clarisas, aunque hasta el momento en que se hizo pública «se había llevado todo con escrupulosa sigilidad (sic)».
Un sigilo impuesto «para no perjudicar a las monjas, y no por nuestra parte».
Rojas niega que conociera a las monjas a raíz de una visita al convento para comprar trufas, como él mismo había afirmado en una entrevista televisiva hace unos días.
Exclamaba ante la pregunta, para añadir que «la primera vez que fui al monasterio de Belorado fue en vísperas del 13 de mayo, nunca antes había estado».
Añade que su relación con las monjas no es directa, sino que es de forma indirecta a través de un miembro de la Pía Unión, un numerario consagrado que vive en Vizcaya.
Según su versión, las monjas residentes en Orduña son quienes hablan con esta persona.
Más tarde, Rojas delegó en uno de sus sacerdotes, el único que hemos conocido hasta el momento, la atención a las religiosas.
«Sí, ha sido don quien ha llevado todos los acercamientos y todas las cosas con las monjas», confirmó a ABC.
Desde el primer momento, las monjas han sostenido que lo que motivó su enfado fue la negativa del Vaticano a darles el permiso para la venta del monasterio de Derio.
Afirmaban haber tenido un posible comprador y que la operación no pudo llevarse a término al no tener ese preceptivo permiso.
Sin embargo, tanto el arzobispado de Burgos como el de Bilbao, negaban que se hubiera llegado a pedir esa autorización.
Además, el derecho canónico solo la hace obligatoria si la operación supera el millón y medio de euros, por lo que no coincidía con las cantidades que se manejaban.
En realidad, tal y como desveló este diario hace dos semanas, lo que las monjas pretendían vender no era el monasterio sino otra finca en Derio.
Allí, su propiedad se divide en dos parcelas con sendas edificaciones principales: la del propio monasterio, de cerca de **26.
000 metros cuadrados**, y la otra parcela que lo rodea, de unos **40.
000 metros cuadrados**, y con un caserío que las monjas convirtieron en casa rural sin tener permiso para ello.
La parcela del caserío tiene un valor según la hacienda foral de Vizcaya, aunque las religiosas decidieron venderla por debajo de su precio real.
Buscaron una inmobiliaria vizcaína que la ofreció por una cantidad menor.
Con la leyenda de «en venta», llegó a aparecer en varios portales inmobiliarios.
Nadie la compró.
Después de que el ayuntamiento de Derio obligara a las monjas a cesar la actividad de la casa rural, por estar catalogada como residencial, nadie quiso pagar ese precio por un lugar en el que quedaba descartado el uso turístico.
Desistieron de la venta y, a fecha de hoy, está alquilada a un particular.