La defensa de Martín Vizcarra presentó un recurso de agravio constitucional contra la inhabilitación de 10 años por el caso 'Vacunagate'.

El expresidente presentó este recurso ante la justicia constitucional en relación con la inhabilitación de 10 años para ejercer funciones públicas que le fue impuesta en 2021.

Según explicó el vocero del exmandatario, este recurso de agravio constitucional en materia de amparo se presentó debido a que ya se agotaron las vías a nivel de la justicia constitucional, por lo que ahora debe ser elevado al Tribunal Constitucional.

El vocero argumentó que la inhabilitación se basó en la supuesta inoculación de una vacuna, una situación que, según los documentos y científicos disponibles, no era cierta.

No se trataba de una vacuna aprobada en ese momento, y no hay ninguna norma que indique que el presidente debería ser inhabilitado por una situación relacionada con una fase experimental.

El vocero añadió que consideran que no se ha respetado el debido proceso, y esto es lo que finalmente se deberá dilucidar en el Tribunal Constitucional, agotando así la vía interna y quedando la vía supranacional, de acuerdo con lo que dispone la Constitución.

Asimismo, indicó que el exmandatario tendría con este nuevo recurso dos causas pendientes en el Tribunal Constitucional, por lo que esperan que el máximo intérprete de la Constitución sea rápido en su resolución.

El recurso se presenta a la Primera Sala Constitucional para que esta eleve los actuados al Tribunal Constitucional.

Ya está en el último estadio a nivel de la justicia interna, que es el Tribunal Constitucional, y esperan que, como en otros casos, sea rápido en el caso del expresidente.

El vocero también mencionó que no consideran que este proceso vaya a tardar mucho tiempo y que tienen otras herramientas como las medidas cautelares.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento de la causa del expresidente sobre presuntos abusos en su contra.

Finalmente, el vocero señaló que este tipo de hechos y situaciones están vinculados a una venganza política para sacar a un ciudadano del proceso electoral, cuando ni siquiera tiene una sola sentencia que lo inhabilite penalmente.

Esto constituye un abuso del derecho, que no pueden permitir quienes creen en la democracia y en que el país no debe acostumbrarse a que un grupo de personas, levantando la mano, retire candidatos o posibles candidatos de un proceso electoral.

Veremos si prevalece su criterio técnico o si se impone, una vez más, una decisión desacertada de la presidenta Dina Boluarte.