Un paro de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) contra el Gobierno de Gustavo Petro, a simple vista, parece una situación inverosímil.

El sindicato de maestros oficiales, el más grande del país, fue uno de los pilares de la llegada al poder del primer presidente de izquierdas en décadas.

Después, ya con Petro en la Casa de Nariño, la mayoría de sus dirigentes evitaron confrontar al Gobierno, incluso cuando hubo problemas graves como las fallas en el nuevo sistema de salud para los docentes.

Pero las enmiendas que el Ejecutivo negoció la semana pasada para sacar adelante su reforma a la educación rebosaron el vaso.

El proyecto, para el magisterio, se desvirtuó.

Por eso, este miércoles, y buscar una forma de conciliar el apoyo al presidente con la defensa de reivindicaciones históricas.

La tensión escaló hace una semana, el miércoles 5.

Fecode llevaba meses apoyando el proyecto de ley estatutaria de educación, que busca establecer principios básicos para el sector.

La apuesta era que la iniciativa fortalecería a la instrucción pública como el eje central para consagrar el acceso a una educación de calidad como un derecho fundamental.

No obstante, el magisterio vio ese día cómo gran parte de sus ilusiones se desvanecieron en cuestión de minutos.

Para conseguir votos opositores en la Comisión Primera del Senado y salvar la reforma, se incluyeron menciones al rol del sector privado, la promoción de la educación terciaria —según Fecode, en detrimento de las universidades—, cambios en las evaluaciones de docentes y la eliminación del carácter obligatorio a los grados de pre-jardín, jardín y transición.

Fecode se siente traicionado.

Considera que el proyecto ha perdido su esencia: según un comunicado, el nuevo texto “es un riesgo para la educación pública, promueve la mercantilización, la privatización y da viabilidad a la corrupción”.

Además, sus dirigentes rechazan haber sido excluidos y relegados pese a su lealtad con el presidente.

Martha Rocío Alfonso, secretaria de Relaciones Internacionales y portavoz de Fecode, explicó el lunes en una conversación telefónica con este periódico que el acuerdo fue a espaldas de ellos, “a puerta cerrada y por asalto”.

“Lo grave es que te engañan de que vamos con un proyecto y luego te lo voltean y es todo lo contrario a la base de unidad con la que habíamos avanzado”, remarcó.

La conciliación con la oposición y la salvación de la reforma, celebrada por la ministra de Educación, es un reto para Fecode.

El sindicato, tradicional pilar de la izquierda en Colombia, fue una de las principales organizaciones que suscribió acuerdos programáticos con Gustavo Petro para las elecciones de 2022, con esperanzas compartidas de un cambio significativo en el país.

Donó fondos durante la campaña para apoyar a Colombia Humana, el partido del ahora presidente, y defendió al Gobierno con fervor en estos dos años.

Sin embargo, es también y sobre todo una organización sindical que ha prometido que mantendrá su autonomía y priorizará la defensa de los intereses de sus afiliados.

Quedarse de brazos cruzados, entonces, no es una opción ante un caso tan sensible.

“Se abre la puerta a la mercantilización a la cual Fecode ha resistido muchísimos años”, recordó Alfonso el lunes.

Luciano Sanín, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, señaló por teléfono que el paro debe entenderse como parte de esa dualidad entre el apoyo político al programa del Ejecutivo y la necesidad de hacer valer la independencia del sindicato como expresión social.

“Me parece valiente que digan en qué están en desacuerdo y autónomamente decidan quitarle apoyo a la reforma.

Respaldan al Gobierno, no al proyecto”, subraya.

“El paro muestra la autonomía de las organizaciones sociales con el Gobierno.

Puede que lo respalden, y lo sigan haciendo, pero en materias específicas se están diferenciando”, añade.

Para él, este paro es distinto al inconformismo que han despertado las fallas en la puesta en marcha, en mayo.

En el caso de la salud, las críticas no son de fondo, sino respecto a la implementación, pues el contenido de la reforma al régimen especial contaba con el aval de Fecode.

Menos elogiosa es Victoria Avendaño, una ejecutiva de Fecode que representa al grupo de izquierda disidente dentro del sindicato.

Integrante del partido independiente Dignidad y Compromiso, del ala que lidera, comenta por teléfono que “hace mucho rato que Fecode debió llamar a un paro y a la movilización”.

Enfatiza que, además del caos en el sistema de salud, el Gobierno no ha cumplido con varios compromisos suscritos en su acuerdo programático con el magisterio: el fortalecimiento del financiamiento a la educación, las mejoras en infraestructura o la reducción del tamaño de las clases, entre otros reclamos.

“Creo que las bases del magisterio estaban esperando hace mucho rato que Fecode llamara a marchar.

Tienen claro que hay que mantener la independencia del Gobierno”, afirma.

Para Avendaño, la enmienda a la reforma a la educación dejó sin alternativas a los otros 14 integrantes del comité ejecutivo.

“Si hoy no se sale a marchar, el Congreso terminaría aprobando el nuevo texto y seríamos cómplices”, sostiene.

Ve la situación actual como una reivindicación a su postura de exigir mayor independencia frente al Ejecutivo.

“La mayoría consideraba que las propuestas de Fecode serían tenidas en cuenta en la reforma, pensaron que los iban a considerar por ser un Gobierno amigo y del cambio.

Yo, por otro lado, mantuve mi posición crítica de que éramos un convidado de piedra [que no puede actuar] y el tiempo me dio la razón”.

El sindicato ha centrado sus críticas en la ministra Aurora Vergara, quien viene de la academia, pero no es maestra ni sindicalista.

El domingo, Fecode la cuestionó públicamente a través de una respuesta en X que el Ministerio publicó.

“Se sale por la tangente.

No responde a los verdaderos cuestionamientos sobre los nefastos que le incluyeron a este proyecto de ley.

Debe reconocer que como está va en contra de su norte de reconocer a la educación como un derecho fundamental”, reprochó el sindicato.

Petro, por ahora, ocupa un lugar secundario.

“Estamos esperando que él se manifieste y entienda que la ley estatutaria va en contra del programa de Gobierno”, se limitó a decir Alfonso a este periódico.

Vergara ha quedado en una posición incómoda.

Su capacidad para conciliar con la oposición hizo posible que el Gobierno esté cerca de aprobar su primera gran reforma desde la tributaria de 2022.

Podrá, si la reforma sale adelante, mostrarle un resultado tangible a un presidente que exige cambios rápidos.

Pero a la vez enfrenta los cuestionamientos de algunos congresistas del petrismo, Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que el martes anunció su apoyo al paro de maestros.

Asimismo, Sanín explica que la reforma a la ley estatutaria tiene más su sello que el del presidente: “Petro quería reformar la ley 30 de educación superior, que estaba en el programa de Gobierno y era más urgente e importante.

Pero la ministra priorizó la ley estatutaria, que es necesaria pero no estaba en el programa original”.

Sanín señala, además, que entre los movimientos aliados al Ejecutivo ha hecho carrera una diferenciación entre las responsabilidades del presidente y las de sus subordinados.

Cree que Petro ha logrado consolidar en sus discursos una tesis de que es el Gobierno como aparato el que no avanza como debería, contrario a sus deseos personales y las buenas intenciones de su propia agenda.

“Por eso los movimientos pelean con las dificultades del Gobierno, pero no con la agenda del presidente.

Lo apoyan a él, mientras presionan al resto”, argumenta.

Avendaño, por otro lado, afirma que Vergara es “un chivo expiatorio” de las responsabilidades del presidente: “Los ministros hacen lo que el Gobierno decide, no son una rueda suelta.

Y ella lleva más de un año en el cargo.

Si Petro la mantiene ahí es porque se identifica con las políticas del Gobierno”.

La ministra aseguró el martes en que se considerarán los reclamos de los docentes en el último debate en el Senado.

“Hay que conservar el espíritu del proyecto de ley como empezó”, reconoció.

Sin embargo, también enfatizó que no retirará la reforma, como pide Fecode, y que no se echará para atrás en los acuerdos con la oposición.

Considera que hay que lograr un nuevo consenso que incluya a ambas partes.

“La educación debe ser nuestro gran acuerdo nacional”, remarcó.

El Gobierno tiene apenas cinco días para negociar antes de que la reforma llegue a la plenaria, el 17 de junio.

Aunque puede que allí tenga más votos afines que en la Comisión, y así más margen de maniobra frente a la oposición, el reto por delante no es menor.

Vergara indicó el domingo en que hay puntos a considerar, como la evaluación de docentes, pero que no es posible excluir al sector privado.

“La Constitución reconoce el derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos y establece la obligación del Estado de crear un sistema público educativo.

Este mandato y la realidad de la cobertura educativa en el país nos exigen reconocer la existencia de un sistema educativo mixto”, declaró.