El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció en la televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) que se ha desmantelado un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios.

Según Cabello, los detenidos forman parte de un grupo de 14 personas que estaban conspirando para llevar a cabo el asesinato.

Acusó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y España de orquestar el complot y reveló que las fuerzas de seguridad realizaron las capturas días después de que Estados Unidos sancionara a 16 funcionarios venezolanos por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que fueron cuestionadas por su legitimidad.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declararon a Maduro como el ganador de las elecciones con el 52% de los votos.

Sin embargo, la oposición publicó en un sitio web el 80% de las actas de escrutinio a las que tuvo acceso, y según ellas, el ganador sería su candidato, Edmundo González Urrutia, con más del 60% de los sufragios.

Cabello afirmó que los españoles detenidos confesaron que estaban buscando traer un grupo de mercenarios con el objetivo de asesinar a Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a él mismo y a otros líderes del partido y la revolución.

Los españoles fueron aprehendidos cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas.

Además, Cabello aseguró que en los teléfonos de los detenidos se encontraron contactos con miembros del partido opositor Vente Venezuela y con mercenarios franceses y de Europa del Este.

Según la organización Foro Penal, las declaraciones de Cabello parecen ser el preludio de una nueva ola de detenciones, justo cuando el país ya contabiliza más de 1.

600 arrestos por participar en las protestas contra los resultados de las elecciones.

A principios de este año, Maduro denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas desarticularon cinco complots en su contra, supuestamente orquestados por sus adversarios.

Tras estas acusaciones, el gobierno interrumpió las conversaciones con la oposición y detuvo a decenas de políticos, periodistas y activistas de derechos humanos.

El gobierno español negó que los detenidos sean agentes del servicio de inteligencia español y afirmó que estaban de vacaciones en Suramérica.

El Departamento de Estado de EE.

UU.

también negó cualquier participación en un complot para derrocar a Maduro y aseguró que solo apoyan una solución democrática a la crisis política en Venezuela.

Las detenciones han elevado aún más la tensión entre Caracas, Washington y Madrid.

Las recientes sanciones de EE.

UU.

a funcionarios venezolanos han sido rechazadas enérgicamente por el gobierno de Maduro.

Además, las capturas se anunciaron una semana después de que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, solicitara asilo al gobierno español.

La decisión del Congreso español de reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y la calificación del gobierno venezolano como una 'dictadura' por parte de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, han exacerbado las tensiones diplomáticas.