Claro, aquí tienes una versión parafraseada y con más detalle del texto:Los audios revelan la oscura trama que precedió a la muerte de Alejandro Muyshondt, el asesor de Nayib Bukele que sabía demasiado.

Muyshondt encendió la grabadora de su teléfono celular antes de entrar a la oficina de Ernesto Castro, el secretario privado del presidente, en el edificio neoclásico que aloja la casa presidencial de El Salvador, en la zona suroeste de la capital.

Muyshondt solía grabar todas sus reuniones con funcionarios poderosos del gobierno salvadoreño.

Era agosto de 2020.

En la reunión, Alejandro Muyshondt y Ernesto Castro hablaron sobre amenazas a la ciberseguridad de la presidencia, pero también sobre los pecados internos del joven gobierno de Bukele, inaugurado en 2019, como la corrupción en el sistema carcelario y el malestar de la embajada de los Estados Unidos con un diputado aliado del presidente, a quien agentes antidrogas estadounidenses siguen la pista por narcotráfico desde al menos 2014.

También hablaron de poner en marcha una oficina para espiar a periodistas y miembros de la oposición política, la cual sería financiada por Casa Presidencial.

“Al hacer esto (espiar a periodistas y opositores) podemos tener muchos elementos para tener contento al hombre (Nayib Bukele), son cosas que el hombre necesita”, le dice Castro a Muyshondt en la reunión al hablar del proyecto de espionaje político, como se escucha en la grabación de ese encuentro, de la que tiene copia.

Alejandro Muyshondt, salvadoreño nacido el 12 de febrero de 1977, descendiente de un abuelo belga, especialista en informática, fue nombrado asesor nacional de seguridad al inicio del nuevo gobierno.

Lo une a Bukele una amistad nacida tras la fundación de Nuevas Ideas, el partido del nuevo presidente, y se ha fortalecido luego de que Muyshondt le colaborara al político con asesoría informática para sacarlo de líos, como el provocado por el “hackeo” que uno de sus equipos cibernéticos hizo en 2016 a La Prensa Gráfica, un periódico crítico, y que terminó en una demanda judicial, o como cuando en septiembre de 2019 ayudó a tumbar el portal de Revista Factum, un medio independiente que ha hecho pública la relación entre Bukele y 1.

9 millones de dólares que le había entregado Alba Petróleos de El Salvador, una empresa señalada por lavar dinero del petróleo venezolano.

Alejandro Muyshondt sabe mucho.

Y lo sabe pronto.

Su rol como especialista en ciberseguridad le da un acceso privilegiado a la información interna del gobierno.

Han pasado poco más de siete meses desde la toma de posesión del nuevo mandatario, en junio de 2019, cuando ya Muyshondt sabe que algunos funcionarios, sobre todo en el gabinete de seguridad, han montado redes de corrupción desde sus oficinas, que el diputado suplente al que Bukele acaba de nombrar jefe de prisiones desvía fondos de las tiendas carcelarias y crea plazas fantasmas y que otro diputado oficialista es investigado por sus sospechados vínculos con las rutas del narcotráfico en el corredor norte del país.

También sabe Muyshondt muy pronto que conocer aquello y denunciarlo le puede costar la vida.

Porque Muyshondt denuncia primero al interior del gobierno y del partido Nuevas Ideas, y luego a investigadores estatales, salvadoreños y extranjeros.

Y así ocurre.

Alejandro Muyshondt muere en un hospital estatal en las afueras de San Salvador bajo custodia del Estado luego de que, en agosto de 2023, la fiscalía general, que el presidente Bukele controla, lo arrestara bajo cargos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, entre otros.

Tras su arresto, Muyshondt es llevado a una celda en la que recibe visitas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) perfilados por la oficina de inteligencia policial como torturadores y maltratadores.

Después de esas visitas, el asesor es trasladado al Hospital Nacional Psiquiátrico primero y al Hospital Saldaña después.

Cuando llega al segundo hospital, a finales de septiembre de 2023, entra con un golpe en el cráneo y una infección en la membrana cerebral, está incapacitado de bañarse o alimentarse por sí mismo o de hablar de forma normal.

Murió el 7 de febrero de 2024 tras al menos ocho cirugías reportadas en el expediente médico, del que tiene copia.

Ninguna de esas intervenciones es comunicada a la familia, como mandan tratados internacionales contra la tortura que el Estado de El Salvador reconoce.

Los allegados al exasesor de seguridad pública están convencidos de que la muerte es consecuencia de los malos tratos que sufre mientras está detenido: “Me atrevo a decir que Alejandro Muyshondt fue torturado”, dice una persona cercana que habló con Infobae desde el anonimato por seguridad.

La familia, de hecho, ha llevado sus sospechas ante varias oficinas de Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los grupos especiales sobre desapariciones forzadas y tortura.

El 5 de julio de 2024, estas oficinas hacen llegar una comunicación oficial a El Salvador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que la ONU califica el caso como uno de “desaparición forzada” y pide al gobierno de Bukele que explique por qué Muyshondt muere sin ver a su familia, y si hay abiertas investigaciones para esclarecer su muerte.

El Salvador contesta el 5 de septiembre de 2024, pero su respuesta aún no es pública.

Infobae ha tenido acceso a 8 horas de grabaciones hechas por Muyshondt durante conversaciones que tuvo con varios funcionarios de Bukele.

A través de comparaciones digitales entre las grabaciones e intervenciones públicas de los funcionarios y de corroboraciones hechas con al menos diez personas que los conocen y han convivido con ellos, Infobae ha verificado la autenticidad de los audios.

Además de los audios, Infobae tiene en su poder cientos de fotografías de Muyshondt elaboradas en el Hospital Nacional Saldaña, donde el exasesor ingresó a finales de septiembre de 2023, tomadas en el Instituto de Medicina Legal de San Salvador y decenas de textos intercambiados por mensajería electrónica con personas cercanas a él.

La autenticidad de los textos se corroboró en entrevistas con excolaboradores, parientes, funcionarios en El Salvador y Estados Unidos, y con especialistas.

La mayoría habló desde el anonimato por temor a represalias del gobierno de Bukele.

Infobae buscó a los funcionarios y personas mencionadas en esta investigación, pero en la mayoría de los casos no hubo respuesta; cuando sí la hubo así se señala.

Lo que todos estos documentos y entrevistas cuentan es la historia de un hombre que llegó al gobierno de Bukele a hacer inteligencia política y trabajar en ciberseguridad, que se decepcionó muy pronto por lo que vio dentro del nuevo gobierno y se frustró por no poder cambiarlo.

Y cuentan también la historia de cómo el Estado salvadoreño, con Bukele a la cabeza, lo arrestó, le montó una investigación criminal y lo dejó morir después de, presumiblemente, haberlo torturado.

Desde el principio, cuando arranca la reunión con Ernesto Castro, entonces secretario privado de Bukele, en agosto de 2020, Muyshondt ha pedido permiso para hablar “con franqueza, sin temor a represalias y despidos”.

Castro ha contestado con una risa.

Con franqueza, el asesor de seguridad le informa al segundo en Casa Presidencial sobre un escándalo de corrupción que está por reventar, el de ASOCAMBIO, una asociación creada para administrar dinero proveniente de tiendas carcelarias que es controlada por Osiris Luna, el director de prisiones.

Esta es parte de la plática, que solo ha sido editada para mayor claridad:- Castro: “En ASOCAMBIO hay un gran desvergue (desorden), tigre.

Hueveyo de agalán (robo descontrolado).

.

.

Y en la Fiscalía están armando un expediente de esa mierda.

La mamá de Osiris (Luna) empezó a ensamblar ciertos grupos de proveedores y siempre hay una comisión (de dinero) de por medio… (Los fiscales) tienen conversaciones, tienen un montón de cosas que la Fiscalía pudiera tomar en cuenta.

Se empezaron a hacer de la nada un vergo de pisto (dinero).

.

.

”.

- Muyshondt: “Y eso es una bomba que puede ser bien contraproducente si la tiran antes de elecciones (legislativas, que se realizarán a principios de 2021).

Es un vergazo (golpe) que está bien documentado y es bien difícil desmentirlo y crear una cortina de humo para quitarse un vergazo de ese tipo…”.

La “mamá de Osiris” es Alma Meza.

Poco después de esta conversación, dos medios salvadoreños hacen públicos documentos que acreditan el desvío irregular y uso de fondos en el sistema carcelario.

La Fiscalía General de la República (FGR), en efecto, ha abierto un expediente que entonces no es público y ha puesto a Luna y a su madre como los principales sospechosos del desvío.

Los fiscales, además, creen que madre e hijo son líderes de una red de corrupción que ha creado plazas fantasmas para apropiarse de salarios no entregados y de dar contratos por servicios en las cárceles a cambio de coimas